Figura. Control del agua.

Las grandes multinacionales de bebidas azucaradas, como las productoras de gaseosas, ejercen una influencia política significativa en muchos países a través de lobbies, campañas publicitarias y acuerdos comerciales ventajosos. Esta influencia les permite obtener concesiones en el acceso a recursos hídricos, frecuentemente a precios irrisorios en comparación con lo que pagan los ciudadanos locales. Mientras en zonas urbanas y rurales de muchos países se enfrenta un racionamiento de agua debido a la escasez y a la mala gestión ambiental, estas compañías acceden a millones de litros diarios de agua por precios muy por debajo del costo real, incluso en medio de crisis climáticas y sociales.

En 2023, Coca-Cola pagó aproximadamente 11 213 000 pesos colombianos por extraer 64 943 790 litros de agua, lo que equivale a 0.17 pesos por litro . En contraste, los ciudadanos en ciudades como Bogotá, Medellín o Cali pagan en promedio 4 791 pesos por metro cúbico de agua, es decir, 4.79 pesos por litro . Esto significa que los ciudadanos pagan aproximadamente 28 veces más por litro de agua que la multinacional.

Esta diferencia ha generado preocupación entre los habitantes de La Calera, especialmente en las veredas Santa Helena, Buenos Aires Alto y Buenos Aires Bajo, donde se han reportado reducciones en el suministro de agua y la necesidad de comprar agua a pesar de que esta proviene de sus propias tierras . La situación ha llevado a debates sobre la equidad en el acceso al recurso hídrico y la necesidad de revisar las concesiones otorgadas a grandes empresas.

Además, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha señalado que Coca-Cola paga significativamente menos por el agua en La Calera de lo que pagaría si operara en Bogotá, donde las tarifas son hasta 70 veces más altas . Esta situación ha reavivado el debate sobre la gestión y regulación del agua en Colombia, especialmente en contextos de escasez y racionamiento.

Este desequilibrio tiene consecuencias graves. Por un lado, se profundiza la inequidad en el acceso al agua, un derecho humano fundamental. Por otro, el producto resultante de esa extracción masiva —las bebidas azucaradas— no solo no aportan valor nutricional, sino que generan problemas de salud a largo plazo, como diabetes tipo 2, obesidad, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Estas enfermedades representan una carga creciente para los sistemas de salud pública, especialmente en países en desarrollo donde los recursos médicos son limitados. Mientras los ciudadanos padecen enfermedades inducidas por el consumo de estos productos, los beneficios económicos de su venta se repatrian a casas matrices en el extranjero, dejando a las comunidades locales con las consecuencias económicas, sociales y ecológicas.

Ante esta realidad, surge la necesidad de una conciencia social activa. Es urgente que los ciudadanos se informen sobre la composición química y el impacto ambiental de lo que consumen, y que se exija a las autoridades regulaciones que protejan el agua como bien público, limiten la publicidad engañosa y garanticen el acceso equitativo a recursos naturales esenciales. El consumo informado y la educación científica son claves para defender la salud colectiva.