Figura. Marcado de alimentos ultraprocesados

El etiquetado de alimentos en Colombia, que exige que los productos con altos niveles de azúcar, sodio y grasas saturadas incluyan sellos de advertencia en forma de octágonos negros en su empaque, representa un hito significativo en la salud pública del país. Esta medida, aprobada en 2021 como parte de la Ley de Comida Chatarra (formalmente Ley 2120 de 2021, conocida como Ley de Comida Saludable), busca primordialmente informar a los consumidores de manera clara y sencilla sobre el contenido excesivo de nutrientes críticos y, con ello, combatir enfermedades prevalentes como la obesidad, la diabetes, y otras afecciones crónicas no transmisibles. La implementación de estos sellos frontales de advertencia es un paso audaz hacia un consumo más consciente y una dieta más saludable para la población colombiana.

Sin embargo, el camino hacia la aprobación e implementación de esta ley estuvo plagado de obstáculos y generó un intenso debate en la esfera política y económica del país. La iniciativa enfrentó una fuerte oposición de algunos sectores políticos y económicos, quienes argumentaban posibles impactos económicos negativos para la industria alimentaria. Entre los argumentos esgrimidos, se mencionaban potenciales pérdidas de empleo, reducción de la competitividad y dificultades para las pequeñas y medianas empresas en la adaptación a las nuevas regulaciones. En el lado de la oposición, sectores como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI realizaron un lobby significativo, buscando suavizar o dilatar la implementación de la ley. Argumentaban que el etiquetado podría estigmatizar productos y limitar la innovación. A nivel político, aunque no siempre de forma monolítica, se percibió resistencia en algunos congresistas de partidos más afines a los intereses empresariales.

Por otro lado, la promoción de la ley fue impulsada vigorosamente por un amplio espectro de actores. Organizaciones de la sociedad civil como RedPapaz jugaron un papel protagónico, liderando la campaña "¡Comida Chatarra fuera de la vista de nuestros niños!". También hubo un fuerte apoyo desde sectores académicos y de la salud pública, que presentaron evidencia científica sobre los beneficios del etiquetado. En el ámbito político, senadores y representantes a la Cámara de partidos con un fuerte componente social y de derechos, como el Polo Democrático Alternativo, la Alianza Verde y algunos sectores del Partido Liberal, fueron vocales en su defensa. Estos legisladores, entre ellos figuras como la Senadora Carolina Wiesner y el Representante Mauricio Toro (quienes fueron ponentes clave del proyecto), enfatizaron el derecho a la información de los ciudadanos y la urgencia de abordar la crisis de salud pública asociada a la alimentación. A pesar de las resistencias, la ley finalmente fue aprobada, consolidándose como un avance significativo en salud pública que prioriza el bienestar del consumidor sobre intereses económicos particulares, aunque el debate sobre su impacto sigue abierto.