Figura. Protección de las playas blancas

Proteger los bienes comunes, como las playas, es fundamental para garantizar que las generaciones presentes y futuras puedan disfrutar de estos espacios naturales que cumplen funciones ecológicas, sociales y económicas. Las playas no solo son lugares de recreación, sino que también albergan ecosistemas frágiles que regulan la biodiversidad marina, protegen las costas de la erosión y contribuyen al equilibrio ambiental global a través de procesos como la sedimentación y el ciclo del carbono.

La privatización de playas y las construcciones ilegales representan una amenaza directa a estos ecosistemas. Cuando se restringe el acceso público mediante cercados o concesiones exclusivas, se vulneran derechos colectivos que históricamente han garantizado el uso común de estos espacios. Además, las edificaciones no reguladas suelen alterar el flujo natural de corrientes marinas y sedimentos, afectando la regeneración de las playas y provocando procesos de erosión acelerada. Por ejemplo, en muchas regiones costeras, la construcción de hoteles y complejos residenciales sin estudios de impacto ambiental ha causado la pérdida de hectáreas de arena y la disminución de la biodiversidad marina.

Para enfrentar estos retos, es imprescindible implementar políticas sostenibles que integren la conservación ambiental con el desarrollo social. Esto incluye la creación de áreas protegidas de acceso público, regulaciones estrictas sobre construcciones costeras y la promoción del turismo responsable. En varios países existen sanciones claras para quienes incumplen estas normativas. Por ejemplo, en México, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establece multas que pueden superar los cientos de miles de pesos por construcción ilegal en zonas costeras. En España, la Ley de Costas permite la demolición obligatoria de edificaciones que invaden la zona marítimo-terrestre y multas que pueden alcanzar millones de euros.

Además de las sanciones económicas, se promueve la participación comunitaria para vigilar y denunciar irregularidades, fomentando así una gestión colectiva y democrática de las playas. Sin estas medidas, el deterioro de los bienes comunes continuará, comprometiendo no solo su belleza, sino su funcionalidad ecológica y social. La protección efectiva de las playas es, por tanto, un asunto prioritario que requiere compromiso legal, social y ambiental.